Liliana Ibarra propone reforma a la ley de responsabilidad patrimonial

Nota publicada el dia 14 Feb 2017

ibb9En su mensaje la diputada panista dio a conocer que el partido Acción Nacional siempre ha tenido el compromiso de proteger el patrimonio de los ciudadanos del Estado de Chihuahua, y por su parte expreso que esta disposición pretende fijar las bases, límites y procedimientos para reconocer el derecho de indemnización a quienes sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualesquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado o de sus municipios, puesto que todo aquel que sufra una lesión en sus bienes y derechos con motivo de la actividad del Estado, tendrá derecho a ser indemnizado en forma proporcional y equitativa, acorde a lo dispuesto por las leyes que al efecto expidan el Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados dentro del ámbito de sus respectivas competencias.

Resalto, que esto tiene como objetivo el robustecer con las normas relativas a los derechos humanos , contenidos en nuestra Constitución y tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a los ciudadanos en la protección más amplia, con acceso a la justicia en forma pronta y sin la necesidad de complicados procedimientos jurisdiccionales, sobre todo cuando la autoridad administrativa acepte la responsabilidad en cuanto a la realización de un acto u omisión irregular, que bien podría ser resuelta dentro de la figura de la mediación, como mecanismo primordial para la consecución de un acuerdo satisfactorio para las partes involucradas en un conflicto, a través de los mecanismos ya existentes que pueden conciliar a las partes.

Ahora bien, atento a los razonamientos que originaron la creación de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, entre los cuales destacó la incorporación en el orden Constitucional Mexicano, del principio de responsabilidad patrimonial del Estado, de carácter objetiva y directa, materializado no sólo de manera sustantiva, al fijar en el referido ordenamiento las bases y los límites para reconocer el derecho a la indemnización de quienes sin obligación jurídica de soportarlo, sufrieran daños en sus bienes o derechos como consecuencia de la actividad irregular del Estado, sino también al establecerse un procedimiento al respecto, Apunto.

En ese sentido, la diputada con el propósito consecuente de hacer patente la observancia de la obligación de todas las autoridades en cuanto a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con el principio de progresividad, se estima procedente establecer dentro del procedimientos de reclamación, instaurado como la vía para la obtención de la mencionada indemnización del Estado, la posibilidad de la mediación como un primer paso en el indicado trámite, como una auténtica voluntad de la Administración de resolver el conflicto, igualando el poder de las partes, detallo Ibarra.

Estas son parte de las reformas-

  • Contestación a la demanda.
  • La misma autoridad señalará día y hora para la celebración entre las partes de una audiencia de mediación, para intentar resolver la reclamación planteada, la que se fijará en un término no mayor a cinco días hábiles. Mediación que se llevará a cabo a través de los mecanismos facultativos que prevé la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Chihuahua.  

 

  • Si la autoridad acepta expresamente la responsabilidad del acto u omisión en su actividad, se concluirá el asunto en forma definitiva y se pagarán al reclamante las prestaciones en un término no mayor a 60 días naturales, en concordancia a lo que establecen los numerales 6, 16 y 21 de esta misma Ley.

 

  • Para el caso de que las partes no lleguen a un acuerdo, la autoridad se erige en tribunal y señalará una audiencia de pruebas y alegatos, en la cual se desahogarán por su orden todas las pruebas que ambas partes ofrezcan con oportunidad, declarando desiertas aquellas que no fueron preparadas por causas imputables a los oferentes; proveyéndose en todo momento para su eficaz desahogo, término que en ningún caso podrá exceder de diez días hábiles.
  • Desahogadas que sean todas las probanzas, se pasará a la etapa de alegatos, los cuales podrán realizarse por escrito o en forma verbal en la misma audiencia.

 

  • Concluida la audiencia de pruebas y alegatos, la autoridad que conozca del procedimiento estará obligada en un plazo no mayor de diez días hábiles, a estudiar el asunto, valorar íntegramente las pruebas desahogadas por las partes y emitir una resolución por escrito, debidamente fundada y motivada.

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